Una de las virtudes de este Gobierno en el manejo de la economía ha sido buscar la estabilidad normativa y de reglas de juego para generar confianza inversionista; el Congreso ha venido apoyando esta posición a través de leyes como la de estabilidad jurídica para inversionistas y evitando las modificaciones frecuentes de nuestro estatuto tributario, como era costumbre en gobiernos anteriores. Así mismo, el Congreso ha dado los instrumentos para el desarrollo de un modelo que garantice crecimiento económico con equidad social; y la apuesta del Gobierno ha sido incentivar la creación y el fortalecimiento de las empresas a través de incentivos, exenciones, flexibilidad laboral, acuerdos de estabilidad y zonas francas, lo cual, en teoría y junto con las inversiones públicas, genera empleo, que sumado a los programas de subsidios como familias en acción, guardabosques, tarifas de servicios públicos, vivienda, AIS, tierras, etc., mejoran la calidad de vida y dinamizan la demanda, generándole a la población mayor capacidad adquisitiva, aumentando el consumo interno e incentivando mayor producción.
Sin embargo, a pesar del aumento de las inversiones en Colombia, la pobreza e inequidad no han disminuido en la proporción esperada y al impacto de la crisis económica mundial, los problemas climáticos y la falta de políticas sectoriales de largo plazo, especialmente en agricultura, se suma la falta de un real compromiso por parte de los grandes empresarios, especialmente del sistema financiero, para generar mas y mejores empleos y redistribuir riqueza. En ese sentido parece oportuna una revisión del modelo; pero por lo pronto se tramita en el Congreso una nueva reforma tributaria, que aunque lo deseable sería que fuese estructural, combinando integralmente todos los impuestos nacionales, territoriales y parafiscales, logrando equidad, crecimiento económico, competitividad, sostenibilidad fiscal y siendo simple y eficiente, considero que hay algún avance en cuanto a que reduce exenciones y grava los grandes patrimonios, generando mayores ingresos al fisco nacional.
La reforma trata básicamente tres temas: Bajar del 40 al 30 por ciento la deducción en el impuesto de renta, a que tienen derecho los empresarios que compren activos fijos productivos; prohibir a quienes están en zonas francas (que pagan impuesto de renta de solo el 15%) usar el beneficio de deducción antes mencionado; y aumentar el impuesto al patrimonio a los grandes contribuyentes, en dos tarifas que serían del 0,6% para patrimonios entre 3.000 y 5.000 millones de pesos y del 1,2% para los patrimonios superiores a los 5.000 millones de pesos. Con esta reforma se aumentarían los ingresos de la Nación entre 3,2 y 3,3 billones de pesos anuales y ¿a dónde irán dirigidos?
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